Los bateeiros que acusan y los trueleiros acusados comparten un temor: el de que el conflicto, de seguir creciendo, acabe derivando en una guerra abierta en aguas de la ría. Y las guerras en el mar solo tienen perdedores.

Precisamente para evitar males mayores, los representantes de las 800 bateas que han prohibido el acceso a los camaroneros han pedido amparo a la Guardia Civil y a la Consellería do Mar. Los mejilloneros en cuestión aseguran llevar meses sufriendo las visitas indeseadas de los profesionales del truel. Según su relato estos, sin ningún tipo de contemplaciones, se suben a los viveros y manejan su arte de pesca sin miramientos, provocando el desprendimiento de ingentes cantidades de mejillón.

«Durante un tempo, dixémoslle aos vixiantes que lles advertiran de que estaban traballando nun sitio que non estaba autorizado», explican los mejilloneros. Pero esas advertencias no dieron resultado, así que desde hace unos días la empresa de vigilancia privada que se encarga de velar por esas bateas está presentando denuncias contra aquellos trueleiros que han sido descubiertos sobre bateas que no forman parte del plan experimental. De momento, se han abierto una docena de expedientes.

De ellos tienen constancia en la Consellería do Mar. Desde este departamento explicaron ayer que dichas denuncias están siendo estudiadas por los técnicos de la Administración autonómica.

En cualquier caso, la existencia de estas denuncias por trabajar donde no pueden hacerlo sería, a juicio del patrón mayor de A Illa, una prueba de que los sabotajes no son cosa de los marineros isleños. «A xente da empresa de vixiancia chama cada vez que hai un problema. E nunca chamaron para decir que se estaban cortando cordas nin nada así».